La informalidad laboral no es un problema nuevo en la economía argentina, pero sí se está agravando. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la cantidad de asalariados informales pasó del 42% al 43% en el último año, lo que representa un incremento de 132 mil personas que trabajan, pero no aportan al sistema jubilatorio.
En detalle, en el segundo trimestre de 2023 se contabilizaban 12.874.000 asalariados, de los cuales 7.434.000 eran registrados y 5.440.000 eran informales. Un año más tarde, en igual período de este año, el universo de asalariados se achicó a 12.859.000 personas, producto de un decrecimiento notable de la cantidad de trabajadores formales (hay 147 mil menos) y un crecimiento de la cantidad de trabajadores no registrados (hay 132 mil más).
La tendencia refleja la dificultad de muchas empresas para sostener los costos laborales en un contexto económico marcado por la inflación y la recesión. Al mismo tiempo, algunos sectores informales crecen debido a la falta de incentivos para formalizar empleos o las complicaciones burocráticas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Estos factores agravan la desigualdad en el acceso a beneficios laborales y de seguridad social.
El fenómeno no solo afecta a los trabajadores, sino que también representa un desafío para el sistema previsional argentino. Con menos aportes, el financiamiento de las jubilaciones se ve comprometido, lo que podría llevar a futuras reformas en el sistema de seguridad social para garantizar su sostenibilidad.
A nivel general la informalidad laboral es un problema grave, pero a nivel sectorial hay situaciones que son críticas. De acuerdo con los datos publicados por el Indec, hay sectores que tienen más de un 50% de sus trabajadores en negro.
El caso más grave es el del servicio doméstico. De 1.580.000 personas que se desempeñan en el rubro, apenas 474 mil están en blanco. El resto (70%) no hace aportes al sistema jubilatorio.
No es mucho mejor la realidad del sector de la construcción. Según el organismo, hay 385 mil personas que trabajan en el rubro y están debidamente registradas, mientras que hay otros 567 mil que participan de las obras, pero lo hacen desde la informalidad (60% de trabajadores en negro). En ese punto, es importante tener en cuenta el freno de la obra pública impulsado por el Gobierno nacional, lo que condujo a que muchas empresas, que generalmente tienen los papeles en regla para participar de las licitaciones, pasaran a sus trabajadores a la informalidad.
También en la agricultura más de la mitad de los trabajadores están en negro. En total hay 825 mil personas que se desempeñan en el agro y rubros relacionados y entre ellos, 481.000 son informales (58% del total).
Forman parte de las actividades más informales los servicios sociales y de salud privados (51% de asalariados en negro) y el rubro de “otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” (51%).
Los menos informales
Ninguna rama de actividad está exenta del problema de la informalidad, pero hay sectores que se encuentran en una situación relativamente aceptable. Es el caso del sector de la pesca, donde la cantidad de asalariados en negro llega a apenas el 12%. No obstante, se trata de un rubro mucho chico, por lo que no mueve la aguja del mercado laboral general. De acuerdo a los datos oficiales, hay apenas 17.000 personas en el país que son asalariadas en el sector de pesca y apenas 2.000 están en negro.
Otro sector con baja cantidad de asalariados no registrados es el de explotación de minas y canteras, también con un 12% sobre la cantidad de empleados totales. Son 116 mil las personas que se desempeñan en ese sector a cambio de un salario y hay apenas 14 mil que no hacen aportes jubilatorios.
Por su parte, en la intermediación financiera hay 282 mil asalariados, de los cuales 244 mil están en blanco y 38.000 están en la informalidad.
