La reunión para acordar un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil finalizó sin consenso, generando acusaciones de la CGT y la CTA hacia el Gobierno por el fracaso de las negociaciones. Ambos sindicatos responsabilizaron al Gobierno por la falta de avances, destacando la ausencia de propuestas por parte de los empresarios para mejorar los ingresos de los trabajadores.
Ante la falta de acuerdo, la Secretaría de Trabajo podría tomar la decisión por decreto. La nueva cifra del salario mínimo también tendrá implicaciones fiscales al modificar el valor de programas sociales clave como el Potenciar Trabajo y las Becas Progresar.
La reunión, realizada de manera virtual por primera vez, fue escenario de un conflicto entre los gremios y los empresarios. Los sindicatos propusieron un aumento del 85% en el salario mínimo a partir de febrero, elevándolo a $288.600, propuesta que fue rechazada tanto por los empresarios como por el Gobierno, según la CGT.
La CTA criticó la falta de acción del secretario de Trabajo, Omar Yasín, y las cámaras empresariales en la búsqueda de un acuerdo. Según la CTA, Yasín puso a votación la propuesta de los gremios sabiendo que no alcanzaría la mayoría necesaria. Ante la falta de consenso, el Gobierno se verá obligado a definir la cuestión mediante un decreto.
