En el marco de las regulaciones que propone la Ley Ómnibus, se observó que el megaproyecto establece la eliminación de la formula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales de la ANSES. Por ello, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta envió una nota a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Petovello, considerando “negativo, perjudicial y arbitrario, dejar en manos del Poder Ejecutivo la determinación discrecional de los montos referidos a los aumentos jubilatorios”.
“Si el DNU y la declaración de la emergencia previsional salen como están previstas, lo que ocurriría es que el cuándo y el cuánto de la jubilación quedaría en la descripción del Poder Ejecutivo y nosotros entendemos que eso es muy poco saludable porque vamos a darle a los jubilados y pensionados mucha más inestabilidad respecto de sus ingresos que la actual situación”, expresó el Defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos.
El funcionario advirtió que en Salta la mayor parte de los jubilados están en la mínima considerando que la situación empeoraría si la actualización queda discrecionalmente en manos del Poder Ejecutivo Nacional. “Lo que va a haber no va a ser un criterio medianamente objetivo de actualizaciones salariales, sino un criterio político y económico de actualización”, aseguró.
Por otro lado, el funcionario también hizo hincapié en la importancia de mantener el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como sistema que sostiene el pago de jubilaciones y pensiones. “Entendemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que ser intocable para las políticas cotidianas, porque si no vamos a terminar financiando con el dinero de los jubilados y pensionados la coyuntura económica”, expresó.
