Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron un paro general para la próxima semana, atentos a los primeros despidos de trabajadores y trabajadoras estatales por parte de la gestión de Javier Milei.
En un cálculo informal, los gremios estiman que los trabajadores despidos por el Estado Nacional en las primeras horas del 2024 ya ronda el millar. Por eso, organizaron desde temprano, diversas asambleas en las sedes de los ministerios y secretarias afectadas. Los delegados consultados creen que los tiempos fijados por la CGT no corren a la misma velocidad que las necesidades que se viven en la administración pública frente a un ajuste que ya se empieza a sentir.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno nacional no produjo “bajas” de personal en el Estado sino que decidió “no renovar” los contratos de los trabajadores que ingresaron a la Administración Pública en 2023. “No fueron bajas. Fueron no renovaciones de contratados que tenían alta en 2023 y vencían a fin de año”, apuntó Adorni.
La semana pasada, el Gobierno publicó el decreto 84/2023, por el cual se dispuso no renovar los contratos que habían sido firmados luego del 1 de enero de 2023. Asimismo, el artículo 2 fija excepciones en el caso de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación y personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable.
Ministerios y áreas con más despidos en 2024
La mayor cantidad de despidos se dio en la Secretaría de Cultura en donde quedaron libres unos 200 lugares. Le siguen los contratos de Producción, con 180 ceses; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), con 160; y los exministerios de Trabajo -ahora reconvertido en secretaría-, el Ministerio de Hacienda y el de Justicia, con 100 bajas en cada uno de ellos.
Por debajo de los tres dígitos, figuran otras dependencias nacionales como el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), donde se rescindieron 79 lugares; Agricultura y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con otros 30 lugares dados de baja en cada una de ellas; el ENACOM, con 16 despidos y el área de Agricultura Familiar, que registró 13 rescisiones.
Todos estos números no son finales. Incluso advierten que puede haber casos que no se estén contabilizando. La conducción nacional de ATE fue recorriendo, durante el día, los distintos lugares con el objetivo de tomar conocimiento de la situación en cada lugar con miras a la reunión de su conducción nacional en el hotel Héctor Quagliaro.
En el Ministerio de Economía, hubo asamblea en las puertas, sobre la explanada. También en Radio Nacional se programaba un encuentro con los delegados. En la secretaría de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras se convocaron en las puertas para contener a quienes rebotaban en los molinetes.
“La insensibilidad de este gobierno es absoluta. Dejan a miles de familias en la calle. Son empresarios que no tienen ni idea sobre las verdaderas necesidades de la gente y violentan todas las normas. Las cesantías sin causa justificada comenzarán a afectar el normal funcionamiento de todos los organismos desde las primeras horas del 2024”, tuiteó en la noche del lunes 1 de enero Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Otra incógnita son las paritarias. Oficialmente, el gobierno de Milei convocó a los gremios de ATE y UPCN a una primera reunión el mismo día de la marcha a los Tribunales aunque no presentó propuesta alguna. Quedaron en presentar una propuesta, frente al pedido de recomposición, durante la primera quincena de enero.
El fin de semana, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anticipó a los estatales que no hay fondos para aumentar los salarios. También el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo hoy que las remuneraciones están congeladas hasta tanto se pueda recomponer el flujo de recursos desde Nación.
La CGT llama a un paro pero busca negociar
Pese a la convocatoria al paro para el 24 de enero, la CGT no rompe el diálogo con el Gobierno y hasta apuesta por torcer parte de las reformas contenidas en el mega DNU y la Ley Ómnibus en el transcurso de las próximas semanas. Desde una parte de la administración de Javier Milei, también procuran mantener abiertos los canales de diálogo, aunque otros referentes del oficialismo se muestren más escépticos sobre una negociación con los jefes sindicales y hasta provoquen para quebrarla.
El último fin de semana hubo un duro cruce entre uno de los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer, y Federico Sturzenegger, alma mater de la reforma integral que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. El economista y extitular del Banco Central en la época de Juntos por el Cambio, publicó una nota titulada: “La revolución de la libertad” en el diario PERFIL en el que fundamentó el proceso de reformas que arrancó con el mega DNU, continuó con la Ley Ómnibus y proseguirá con la derogación de otras “150 leyes absurdas u obsoletas”, a su entender.
En uno de sus primeros párrafos, donde arremete contra los privilegios de las castas, cuestionó en duros términos a quienes critican la necesidad y urgencia de las reformas, entre ellos, el sindicalismo: “Solo la necesidad de eludir el debate puede motivar a la CGT, que negoció sin remilgos con dictaduras, a marchar a la Corte Suprema por una supuesta violación de la legalidad de un instrumento constitucional”.
En respuesta, Daer lo acusó de ser un “reaccionario que sueña con un país de esclavos” y puntualizó que había cruzado “todos los límites” al señalar que la central negociaba con la dictadura. “Los militares vinieron a mi casa, secuestraron a mi hermano que aún tiene las marcas de la tortura”, le retrucó Daer en su cuenta de X. Y remarcó: “Vos a la dictadura la conociste por los diarios, en ese momento jugabas a las figuritas”. Luego la CGT emitió un comunicado demandándole a Sturzenegger que se retracte.
Desde los gremios entienden que la crítica de Sturzenegger dista de ser casual, mucho menos el timing para su columna: habla de diferencias dentro del Gobierno respecto a cómo posicionarse frente a quienes se oponen a las reformas que pretende lograr la gestión Milei.
Mientras que los interlocutores más políticos del oficialismo se muestran flexibles a conceder determinados cambios -entre ellos al paquete laboral- con el fin de garantizarse el aval legislativo a otras normas, los alfiles más técnicos de la Rosada se inclinan por un juego de suma cero y se envalentonan con una estrategia de “todo o nada”.
Temas como los cambios en las obras sociales o los plazos y montos previstos en la indemnización que el decreto contempla que podrían modificarse si Milei encuentra predisposición de los gremios para avanzar con la reforma laboral que se propone por DNU, dejaron trascender a fines de la semana pasada algunos voceros del Gobierno. En la CGT también ponen el foco sobre la movilidad jubilatoria y la lista de empresas a privatizar.
“Hoy es a todo o nada pero siempre hay espacio para el diálogo y no nos cerramos a eventuales acuerdos”, dijo una fuente calificada del oficialismo al analizar el escenario de enfrentamiento con la CGT. Los jefes sindicales de la central reclaman la conformación de una mesa en la que se sienten también a empresarios y Estado para consensuar los cambios que pretenden realizar los libertarios.
Del lado de los trabajadores, también hay quienes entienden que hay margen de negociación y por eso el cronograma de cuatro semanas para la ejecución del primer paro nacional dispuesto para el 24 de enero. En el medio, el Congreso Confederal de la última semana convocó a un encuentro con las regionales de la CGT para el 10 de enero, donde se ratificará la convocatoria al paro en caso de no haber novedades.
También en la CGT y fuera de la central, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las dos CTAs, hay quienes consideran que los tiempos se estiran demasiado. Pero celebran que contra los pronósticos que se habían discutido en la reunión del Consejo Directivo en la sede de la UOCRA la semana previa, y que hablaban de una escalada gradual con una posible medida de fuerza para fines de febrero, los tiempos se hayan adelantado.
