Victoria Villarruel y Martín Menem, presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Nación, han acordado un aumento del 28% en los salarios de los empleados legislativos. Este incremento fue aprobado por la Comisión Negociadora del Valor de Módulo el pasado jueves.
El convenio, rubricado por representantes del poder legislativo y los trabajadores, establece un aumento salarial del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y un 12% acumulativo adicional desde el 1° de febrero. La variación total con respecto a los sueldos de diciembre asciende a un 29.92%.
Según el escalafón salarial, el salario más bajo de los trabajadores del Congreso se sitúa ahora en $458.863 en bruto, en comparación con los $353.189 de diciembre. Por otro lado, en el extremo superior de la escala salarial, el salario más alto alcanza los $1.616.868 antes de los descuentos. Este acuerdo será revisado nuevamente en marzo.
La resolución que dispone el incremento salarial establece que, en función de la disponibilidad presupuestaria, los representantes de la parte empleadora se comprometen a otorgar este aumento, realizando las gestiones necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras.
Históricamente, la dieta de senadores y diputados estaba vinculada a la paritaria de los trabajadores del Congreso. Sin embargo, esta relación se interrumpió en 2021, en medio de la pandemia y un clima de descontento generalizado hacia la dirigencia política. En ese momento, se decidió desvincular las dietas de los legisladores de los acuerdos salariales de los empleados.
En noviembre de 2022, durante la negociación del último tramo de la paritaria de ese año, se derogó el artículo 2 de la RC 03/2022, volviendo a vincular los aumentos de las dietas con los acuerdos salariales.
En la actualidad, las autoridades del Congreso deberán decidir si alinean el incremento salarial de la paritaria con las dietas de los diputados y senadores, en un contexto en el que el Gobierno impulsa un estricto recorte de gastos y adopta un discurso crítico hacia la clase política. Esta situación se ve agravada por las diferencias surgidas tras el bloqueo a la Ley Ómnibus durante su tratamiento en particular.
