Comenzó el juicio a ex funcionarios del PAMI Y ANSES de Salta en el Tribunal Oral Federal 2, presidido por Domingo Batule junto a Gabriela Catalano y Abelardo Basbus.
Verónica Molina, ex directora del PAMI, está acusada por exacciones ilegales y malversación de caudales públicos, en calidad de autor. Marcos Vera, ex director del ANSES, Salta, acusado por exacciones ilegales. Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, empleados del PAMI, acusados por malversación de caudales públicos, en calidad de coautores y Fernando Ruarte, ex concejal capitalino, acusado por malversación de caudales públicos, como partícipe necesario.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, fue el responsable de llevar adelante la investigación de manera integral.
CRONICA
La audiencia comenzó con ánimos distendidos por parte de los acusados Vera, Ruarte y Gerónimo, quienes estaban presentes en la sala. Luego de un tiempo considerable, los ánimos y expectativos comenzaron a transformarse ante la gravedad de las acusaciones, la gran cobertura periodística y la investigación de la Fiscalía Federal.
Acusaciones
- Molina está acusada de realizar extracciones ilegales y malversación de caudales públicos, en calidad de autora. Vera, por extracciones ilegales. En el caso de los empleados, ambos están acusados por malversación de caudales públicos en calidad de coautores.
- El ex concejal, Fernando Ruarte, está acusado de malversación de caudales públicos en calidad de partícipe necesario.
- La investigación se lleva adelante desde octubre del 2021, ante la declaración de un testigo de identidad reservada que afirmó que Vera y Molina obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI en Salta a entregar el 20% de su sueldo.
Todos los acusados pertenecen a la organización denominada La Cámpora, identificada con la línea kirchnerista en todo el país. Los mismo accedieron a los cargos públicos en el organismo nacional en el 2020, luego del triunfo presidencial de Alberto Fernández.
El debate legal comenzó con los alegatos de la fiscalía y la defensa. La causa comenzó luego de unos informes periodísticos que luego la Justicia Federal tomo como dato a investigar. Tras las confesiones, el discal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, inició una puntillosa investigación.
En la pesquisa, el funcionario descubrió una serie de evidencias, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado. Además, en el peritaje del teléfono celular de una de las exgerentes juzgada por el IFE comprobó que la exigencia del pago del 20% provenían de números telefónicos pertenecientes a Vera y Molina.
Toranzos relevó, además, que en la cuenta bancaria de Vera detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del PAMI por un monto de 436.964 pesos (esto entre 2020 y parte del 2021).
“Me mataron, en TN me querían sacar como acopiador de electrodomésticos. Por estas operaciones mediáticas he quedado manchado para siempre. Si hasta en el equipo que jugaba en La Loma, Abogado G (de Gordos), mis compañeros me llamaban Pavita Ruarte. Es por eso que digo me marcaron para siempre”, dijo en la testimonial el abogado Fernando Ruarte.
Además de los pagos mediante transferencia bancaria, la investigación fiscal indicó que los acusados utilizaron el sistema interno de “bolsín” del PAMI, lo que surgió también de los audios y capturas de mensajes. En otros casos, en tanto,
“Es una aberración jurídica”, dijo Fernando Ruarte, abogado que ahora está en calidad de acusado.
La Fiscalía llevó adelante la acusación contra Vera y Molina por la entrega, a través del PAMI, de electrodomésticos donados por la Dirección General de Aduanas (DGA), que estaban destinados a 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad, pero fueron distribuidos en una campaña proselitista. Confirmó además que esos bienes fueron distribuidos en actos de campaña y en favor de Fernando Ruarte cuando era candidato a concejal de la capital salteña por el Frente de Todos en julio de 2021.
No había que investigar mucho. La participación de Ruarte surge de lo difundido en medios locales y también por un posteo efectuado por el mismo acusado en sus cuentas de redes sociales.
“Es una causa en la que supuestamente las pavitas del PAMI tuvieron otro destino. Yo sí fui a actos del PAMI y celebré que el Estado haya estado presente. De las 37 pavitas que dice el señor fiscal que yo entregué, todas le llegaron a jubilados. No se me puede acusar de malversación de caudales. Pero lamentablemente toda la campaña mediático judicial en contra nos llevó a esto (el juicio), pero lo verdaderamente importante está en otro lado, porque miren ahora cómo el Estado no se hace presente. Tantos micrófonos por una entrega de pavitas. La Justicia, como dice (Eduardo) Galeano, es como una serpiente que sólo muerde a los descalzos”, dijo Fernando Ruarte, en un intermedio que dio el Tribunal.
