El Gobierno oficializó el pago del bono de 55 mil pesos destinado a jubilados y pensionados, tal cual se hizo en diciembre del año pasado, con la anterior gestión, y que según adelantaron desde el Poder Ejecutivo se abonará también en febrero.
La medida fue confirmada a través del Decreto 116/2023 con fecha del viernes pasado, pero que fue publicado este martes en el Boletín Oficial de 2024. El presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmaron la iniciativa que tiene como fin que todos los beneficiarios cobren un monto por encima de los $160.000.
La medida fue tomada debido a “la grave situación socioeconómica que atraviesa nuestro país que ha ocasionado, entre otras cuestiones, un alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en los adultos mayores de menores ingresos, para quienes es necesario acudir a su sostenimiento”.
En este contexto se hizo un refuerzo para aquellos titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo del ANSES, las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago también se encuentre bajo la órbita de aquel organismo previsional.
“Resulta menester otorgar una ayuda económica previsional por un monto máximo de $55.000 para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $105.712,61. La ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $160.712,61″, reza el escrito.
En el equipo económico actual consideran que la fórmula que rige pierde de manera sistemática contra la inflación y es por eso que buscarán cambiarla. El primer paso será a través de la derogación de la norma actual en el mega proyecto de ley presentado el miércoles 27 en el parlamento. Si eso prospera, hasta que se elabore una nueva fórmula automática (que también requerirá aval del Congreso), el Poder Ejecutivo establecerá, como puente, un esquema de aumentos mensuales discrecionales con criterio de la inflación del mes anterior al pago de los haberes.
Hasta ahora, los ajustes se dan en un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
